Capítulo 2.10 – Los mercado de carbono y el intercambio de emisiones

Carlos Tornel

No se necesita un meteorólogo para saber en qué dirección sopla el viento.

Bob Dylan, 1965.

Una de las soluciones falsas más populares es la de ponerle un precio al carbono. Esta suele proponerse a través de dos grandes campos: el establecer un impuesto e instituir un mecanismo de intercambio de emisiones o un mercado de carbono. Estas ideas ganaron tracción en los círculos ambientalistas dominantes a mediados de la década de los noventa, con la adopción del Protocolo de Kioto (PK) que instituyó la obligación para países ricos de reducir emisiones, pero con la posibilidad de intercambiar permisos de emisiones. Siguiendo la lógica del desarrollo sustentable -la idea de que es posible seguir creciendo económicamente y preservar la integridad ambiental-, poner un precio al carbono parte de tres premisas fundamentales:

1. Primero, que es posible y deseable poner un precio a la naturaleza. Es una propuesta que necesariamente separa lo social de lo natural y reduce y simplifica la naturaleza para convertirla en recursos o servicios intercambiables en el mercado;
2. Segundo, que el único problema es el exceso CO.² Esta discusión suele incurrir en un ‘reduccionismo de carbono’, es decir, qué hacer con el exceso de CO2, estrategia que suele dejar de lado, en primer lugar, las acciones y responsabilidades de quienes pusieron el CO2 ahí y en segundo lugar, otro tipo de afectaciones locales no cuantificables como  emisiones (ej. la contaminación de un río);
3. Finalmente, el propósito de los mercados de carbono es producir mercancías, que pueden ser intercambiadas como activos en el mercado. Un proceso que suele estar diseñado para obtener beneficios económicos y no para reducir emisiones.

La lógica económica que está detrás de poner un precio al carbono surge de la corriente dominante del ambientalismo económico, que ha sido popularizada por figuras como Nicholas Stern, Partha Dasgupta, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y por algunas organizaciones de sociedad civil como el Environmental Defense Fund (EDF). Ellos suelen presentar el poner un precio al carbono como una solución simple, en donde nada en realidad tiene que cambiar. Problemas como la destrucción de la naturaleza, el colapso climático y la pérdida de biodiversidad se achacan a una mala asignación o inversión de capital, es decir, para ellos y sus modelos económicos, lo único que tenemos que hacer es poner las inversiones y el capital “en el lugar correcto”.¹

¿Qué son los mercados de carbono y cuál ha sido su desempeño?

Los mercados de carbono son sistemas de intercambio de emisiones que funcionan cuando una autoridad (gobierno federal o estatal) establece un techo (cap), mientras las corporaciones y empresas en el mercado reciben permisos para emitir cierta cantidad de emisiones. Los participantes pueden exceder este techo, siempre y cuando compensen sus excedentes comprando o intercambiando derechos de emisiones con otros participantes. Los mercados funcionan en distintas escalas (por ejemplo regionales, como el sistema de intercambio de emisiones europeo, nacionales o incluso estatales) y pueden ser compulsorios o voluntarios (la principal diferencia es que los mercados voluntarios carecen de regulación estatal, por lo que su función es puramente con fines de lucro, para vender créditos a aerolíneas, a empresas altamente contaminantes y corporaciones).² 

Los mercados también incluyen medidas de compensación u offsets, que funcionan como créditos para compensar los excedentes de emisiones en otro lugar con el fin de permitir la continua producción de combustibles fósiles. Por si los permisos de emisiones y los techos establecidos por los gobiernos no fueran lo suficientemente laxos, los offsets funcionan para reducir aún más el costo de la regulación estatal para las empresas, para terminar por revertir los ‘avances’ en la reducción de emisiones, de por sí mínimos. Los mecanismos de compensación suelen convertirse en permisos de degradación ambiental o en métodos de explotación y restricción de la soberanía territorial de comunidades indígenas y otros grupos vulnerados, quienes son relegados a zonas contaminadas o despojados de sus territorios para ‘compensar’ el continuo uso de combustibles fósiles en otras partes (usualmente países industrializados y/o ciudades). Por ejemplo, una operación de extracción de gas con fracking en el norte de EEUU puede compensarse con la conservación de un bosque en Costa Rica; un juego de suma cero donde se pretende imponer a la naturaleza una serie de reglas lineales en beneficio del mercado.

Instituciones como el Banco Mundial suelen celebrar la adopción de estos mecanismos en más jurisdicciones a nivel internacional como un ‘avance’ en los compromisos de reducción de emisiones, pero evitan decir que durante los últimos 20 años, es decir, desde que se instituyeron los primeros mercados, estos instrumentos no sólo han fallado totalmente para reducir emisiones, se han convertido en una estrategia que distrae, complica y dispersa la atención de las acciones indispensables: eliminar el uso de combustibles fósiles. Los mercados de carbono han coexistido felizmente con el incremento de 65% de las emisiones de las últimas tres décadas, por la simple razón de que no están diseñados para reducir emisiones, sino para perpetuar la economía fosilizada e, indirectamente, las lógicas coloniales y extractivistas que perpetúan la degradación de la naturaleza.³

La ideología del mercado de carbono

La ideología del precio de carbono se ha expandido de forma casi universal. Sin embargo, el escepticismo alrededor de su uso se ha incrementado. El escepticismo de grupos ambientalistas y el desencanto con las políticas financieras después de la crisis del 2008 impulsó a las empresas, corporaciones y gobiernos a adoptar lenguajes tecnocráticos, complicados, que terminan por enturbiar las aguas y dificultar el escrutinio público. 

Prueba de ello es que el propio Acuerdo de París (AP), tratado que rige las negociaciones internacionales sobre el clima desde el 2015, incluye de forma totalmente críptica los mismos sistemas de intercambios de emisiones, pero sin nombrarlos como tales. El artículo 6 incluye “resultados de mitigación de transferencia internacional” (o ITMO en inglés), que buscan perpetuar la misma lógica de quema de combustibles fósiles. Esta misma tendencia se puede observar en la adopción de compromisos de emisiones netas-cero, que funcionan como un offset generalizado para la política climática internacional. Bajo estos compromisos se desdibujan las acciones de mitigación de GEI reales -aquellas que dejan los combustibles fósiles en el subsuelo- con aquellas que son ‘compensadas’, lo que no sólo permite a corporaciones y gobiernos seguir quemando combustibles mientras da la impresión de avances ambiciosos, sin considerar los enormes impactos espaciales, sociales y ecológicos que serán trasladados en su mayoría a nuevas zonas periféricas o de sacrificio, principalmente en el sur global.

A pesar de las objeciones de comunidades indígenas y algunos grupos ambientalistas, las tácticas discursivas de gobiernos, corporaciones, algunos grupos de académicos y organizaciones no gubernamentales han escondido estas implicaciones con términos tecnocráticos que han funcionado bastante bien: la mayoría de los medios de comunicación y muchos grupos ecologistas siguen describiendo el AP como un acuerdo climático y no como un tratado comercial, promulgado para ayudar a que los combustibles fósiles sigan saliendo de la tierra.⁴ Lo mismo puede decirse de aquellas instituciones y medios de comunicación que celebraron la reunión en Glasgow en 2021, como un ‘avance’ en la política climática internacional.

Una estrategia clave para comprender la ideología de empresas, corporaciones y organizaciones no gubernamentales que apoyan y animan estos mecanismos es la suposición (o la excusa) de que los mercados no funcionan porque requieren de más regulación: “Si tan sólo el gobierno hiciera la regulación adecuada y ambiciosa, nosotros podríamos tener un mercado más efectivo”. Existen tres problemáticas generales con este argumento: 

1. Primero, esta lógica asume que hay defectos en el diseño de los sistemas de intercambio de emisiones, en vez de reconocer que el sistema de intercambio es en sí mismo el problema. Reiterando, estos mecanismos no están diseñados para reducir emisiones, sino para perpetuar el uso de combustibles fósiles. Segundo, la instauración de estos mecanismos es parte de una estrategia de despolitización de la política climática. Además, se ha convertido en una distracción conveniente de las acciones efectivas de mitigación. El diseño, operación, evaluación y funcionamiento del mercado requiere de un ejército de consultorxs, expertxs economistas en procesos que suelen ser complicados y difíciles para el escrutinio público. En México, por ejemplo, los diálogos para la construcción de un mercado y el impuesto al carbono tomaron casi una década, el gobierno gastó enormes cantidades de recursos públicos en consultorías, expertxs y en el diseño de las reglas del mercado, un proceso que, a su vez, fue capturado por las grandes cámaras industriales del país cuyo resultado fue una regulación que a la fecha no ha reportado una reducción efectiva de emisiones.⁵ 
2. A fin de cuentas, los mercados de carbono encarnan los fundamentos de la neoliberalización del clima: las acciones para mitigar el cambio climático se han transformado en mercancías comerciables con precio y propiedad, que concentran poder en las élites y que progresivamente han opacado la responsabilidad de los poderes industriales y financieros, convirtiendo la mitigación climática en un instrumento más de explotación, opresión y acumulación de capital.⁶  

¿Qué hay del impuesto?

Similar al caso del mercado, los impuestos al carbono no han disuadido a las industrias de contaminar, ya que las empresas pueden mitigar fácilmente los costos repartiéndolos entre los consumidores, recortando salarios a trabajadorxs, eliminando los sindicatos, evadiendo impuestos o presionando para obtener más subsidios o inmunidad. El caso de México, por ejemplo, demuestra cómo las corporaciones y cámaras industriales capturaron la discusión para reducir el costo del impuesto al carbono y excluyeron al gas fósil y al combustible para la aviación al denominarlos combustibles de transición. Hoy el impuesto ni recauda suficientes recursos ni conocemos en dónde terminan.⁵

El problema del impuesto sobre el carbono como política para atender la crisis climática es que, como cualquier otro impuesto, no está diseñado para realizar el trabajo político necesario para transformar el sistema económico de raíz. De manera similar a como no podía esperarse que el impuesto sobre la escalvitud que discutió el congreso de Estados Unidos en el siglo XIX aboliera la esclavitud, un impuesto al carbono no puede ni debe ser una política que guíe la discusión de mitigación o reducción de emisiones.⁷ 

En general, la discusión del precio al carbono es problemática, no sólo porque el “precio” aborda el problema equivocado, sino porque enfocarse en el “carbono” también es equivocado. A esto me refiero cuando hablo de un ‘reduccionismo de carbono’ y la ‘simplificación de la naturaleza’, en donde la política climática se convierte en la política del CO₂, que traduce a la naturaleza en algo externo y en servicios (ecosistémicos, de secuestro de carbono, paisaje, etcétera) sin importar su diversidad o complejidad. Esta estrategia evita la necesaria discusión sobre el capitalismo, sus formas de acumulación y su creciente demanda de energía y minerales para sostener el modelo económico, un proceso inherentemente basado en la acumulación de trabajo barato o no remunerado.⁷

Confesiones de un ambientalista rehabilitado

Por varios años, estuve involucrado en propuestas e iniciativas para poner un precio al carbono. Asistí a reuniones con el gobierno y con el sector privado, a conferencias y negociaciones internacionales. Hice presentaciones en público y abogué por esta idea como una solución al cambio climático. En ese entonces, estaba convencido de que la propuesta era una solución viable, pues era una forma de convencer a las empresas e industrias más contaminantes a reducir sus emisiones, de “reformar” o “corregir” los errores y las externalidades que iba dejando el capitalismo. 

Poco a poco, vi como el proceso fue capturado por las cámaras industriales, por organizaciones no gubernamentales del norte global y por expertas y expertos economistas de universidades privadas y prestigiosas, más preocupados por lo que decían sus modelos que por lo que tenían frente a sus narices. De esta experiencia, me quedó claro que los mercados de carbono no están diseñados para reducir las emisiones. Su función es prolongar la vida de la economía de los combustibles fósiles e indirectamente, de un sistema explotador y desigual de extractivismo neocolonial y degradación de la naturaleza. 

Pero, tal vez de forma más perniciosa y siniestra, la experiencia sirvió para revelar cómo las falsas soluciones se traducen a una lógica ‘emprendedora’ que se encarna en nuestro trabajo e incluso, en nuestra identidad. Organizaciones de sociedad civil las adoptan, defienden y repiten como evangelios y credos -es decir, como propuestas irrefutables-, con el argumento de que no hay alternativas, o que estas son las únicas posibles. Las falsas soluciones imitan el viejo dicho de tiempos de la guerra fría, de quienes adoptan la narrativa del partido hegemónico sin cuestionamientos, como la verdad absoluta. Estas personas y organizaciones se convierten en ‘estúpidos útiles’, en donde las mejores de las intenciones se convierten en estrategias que terminan por lavar los trapos sucios de las élites, corporaciones y gobiernos que están en el poder y que se rehúsan a cambiar.

Referencias

1. Spash, C.L. (2011) The Brave New World of Carbon Trading. New Political Economy 15(2): 169-195. 
2. Indigenous Environmental Network (2021) “Hoodwinked in the hothouse. Resist False Solutions to Climate Change” Third Edition. Disponible en: https://climatefalsesolutions.org/wp-content/uploads/2021/06/HOODWINKED_ThirdEdition_On-Screen_version.pdf 
3. Painé, Francesco; Lohamann, L. (2020) Interview with Larry Lohmann, The Corner House: “Carbon markets do not need to be ‘fixed’. They need to be eliminated” Disponible en: https://redd-monitor.org/2020/10/22/interview-with-larry-lohmann-the-corner-house-carbon-markets-do-not-need-to-be-fixed-they-need-to-be-eliminated/ 
4. Spash, Clive L. (2016) “This changes nothing: The Paris Agreement to ignore reality” Globalizations 13(6): 928-933. Ver tambien: Spash, C.L. (2021) Apologists for growth: Passive revolutionaries in a passive revolution. Globalizations 18(7): 1123-1128; y Spash, C.L. (2021) Conceptualising Nature: From Dasgupta to Degrowth. Environmental Values 30 (3): 265-275. 
5. Tornel, C (2018) La experiencia de fijar un precio al carbono en México. En Carlos Trinidad Alavarado (Ed.) Precio al carbono en América Latina Tendencias y oportunidades. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Fundación Konrad Adenauer. pp: 108-149.
6. Lohmann, L. (2016) Neoliberalism’s Climate. En Simon Springer, Kean Birsh y Julie MacLeavy (Eds.) The Handbook of Neoliberalism, Routledge, New York, pp: 480-492. 
7. Lohmann, L. (2018) “Should we put a price on carbon? That Depends – Who Are “We”?Presentation for the Panel “Should We Put a Price on Carbon?” Sheffield University Festival of Debate, 11 May 2018. Disponible en: http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/SHOULD%20WE%20PUT%20A%20PRICE%20ON%20CARBON%20–%20THAT%20DEPENDS%20–%20WHO%20ARE%20WE_0.pdf 

Carlos Tornel sigue siendo ambientalista y colaborador frecuente de la fundación Heinrich Böll en México. Actualmente es candidato a doctor en geografía humana por la universidad de Durham en Inglaterra. Sus temas de investigación son la justicia climática y la transformación energética más allá del capitalismo. carlos.a.tornel@durham.ac.uk

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