El cambio climático es una de las crisis más acuciantes de nuestro tiempo. Sus causas y efectos se distribuyen de manera incesante en tiempo y espacio entre las sociedades humanas y los conglomerados biofísicos (entendidos como entramados de vida). La magnitud y multidimensionalidad de la crisis climática interpela nuevas conjeturas que logren ir más allá de los entendimientos dicotómicos que contraponen “sociedad” a “naturaleza” o “mundos rurales” (campesinos e indígenas) a “espacios urbanos”. También que cuestionen de manera radical los esquemas de desarrollo como equivalente a crecimiento económico a fin de proponer alternativas realistas hacia la equidad social y la justicia ambiental.
En las últimas tres décadas y desde diferentes frentes de enunciación se han venido construyendo propuestas académicas, sociales y políticas que apuntan hacia esquemas socioambientales, postdesarrollistas y rur-urbanos para repensar y enfrentar la crisis civilizatoria. En este texto ofreceremos un primer ejercicio reflexivo para aproximarnos a esas otras imaginaciones que, desde el ámbito agrario, pueden tanto problematizar las falsas soluciones, como apuntalar alternativas territoriales y colectivas para hacer frente a los retos de la afronta climática. Iniciamos por señalar una constatación que a veces pasamos desapercibida: la urbanización de los entornos rurales en México y en el mundo, así como la pregunta obligada sobre ¿qué valor otorgamos a las tierras agrícolas, ante dicha realidad? Continuamos imaginando los principios que deberían regir los regímenes de propiedad de las tierras agrícolas en un contexto de cambio climático y ante los diferentes procesos de urbanización. Para finalizar, reflexionamos sobre los principios que podrían articular nuevos tipos de ordenamientos territoriales urbanos y rur-urbanos.
En 2022 y de acuerdo a las estadísticas de población, México es un país principalmente urbano. Más allá de las definiciones de lo urbano, cuestionables por el enfoque cuantitativo más que cualitativo del fenómeno, es innegable que los habitantes de localidades que transitan hacia la urbanización experimentan nuevas y variadas maneras de relacionarse y valorar la tierra agrícola y la agricultura. También es claro que las identidades sociales en el mundo rural se han transformado, así como las expectativas de vida de personas nacidas en localidades rurales transformadas en espacios periurbanos o rur-urbanos.
La urbanización del mundo rural es, sin embrago, poco visibilizada cuando se trata de soluciones promovidas desde los movimientos de justicia ambiental en Latinoamérica. Propuestas como el buen vivir, el patrimonio biocultural o la agroecología generalmente se piensan para un mundo rural, campesino e indígena que en muchos sentidos se idealiza como espacio bucólico (enaltecido) con valores e identidades sociales opuestas a lo urbano. ¿Cómo adaptar estas propuestas a los espacios y sociedades urbanas y rur-urbanas en los que habita la mayor parte de las poblaciones nacionales?
Para responder a dicha pregunta debemos repensarnos a partir de la siguientes constataciones : a) todas las sociedades humanas tenemos expectativas de vida y buscamos, a medida de lo posible, definirlas desde referentes y contextos históricos propios; b) las ciudades y los espacios rur-urbanos son socioecosistemas altamente dinámicos y con grandes confluencias espaciales en los que también se construyen y preservan una gran cantidad de recursos y procesos biológicos y culturales; y c) los entornos urbanos y rur-urbanos pueden ser excelentes contextos para la producción y distribución de alimentos propios, accesibles, sanos, cercanos y de baja huella ecológica.
¿Por qué no pensar, entonces, en el desarrollo de planes de vida como instrumentos de gestión para definir, participativamente y a largo plazo, los modelos de habitar los barrios urbanos y espacios rur-urbanos? Ni qué decir de la documentación, preservación y revitalización de todos aquellos conocimientos y prácticas ecológicas locales, recursos y servicios ambientales, así como rasgos paisajísticos que constituyen el patrimonio biocultural urbano y que resultan fundamentales para mejorar la vida de las ciudades a fin de transitar hacia la sostenibilidad de los socioecosistemas urbanos. Finalmente, agriculturas urbanas icónicas como el caso del aprovechamiento productivo de las parcelas baldías en La Habana, los huertos colectivos en Detroit o la agricultura periurbana de la Ciudad de México, son muestra de que las transiciones agroecológicas productivas, comerciales y alimentarias también son posibles en los contextos citadinos y sus interfaces.
“La tierra es de quien la trabaja”, con esta argumentación el filósofo y padre del liberalismo clásico, John Locke, justificaba la colonización de territorios de pueblos nativos en la Nueva Inglaterra del siglo XVII que desde la perspectiva de los colones eran tierras “ociosas” y libres para ser apropiadas. Locke partía de la idea según la cual los seres humanos son individuos aislados con plenos derechos individuales sobre los recursos; los derechos de propiedad individual emanaban del trabajo invertido para hacer las tierras productivas. Paradójicamente, esta fue la misma justificación que dio Emiliano Zapata para exigir una reforma agraria en un país gobernado por latifundistas que gozaban de derechos de propiedad, sin ser ellos mismos quienes trabajaban la tierra. En la época moderna los derechos de propiedad sobre la tierra generaron una representación de la naturaleza como objeto inerte y bien delimitado (la parcela) que podía convertirse en propiedad privada individual o colectiva desvinculándola de poblaciones y ecosistemas más amplios. En el México moderno, esta justificación permitió el desmonte de inmensas extensiones de bosques y selvas por parte no sólo de agroempresarios, sino también de campesinos financiados por el gobierno para extender la frontera agrícola, afianzar derechos de propiedad (social) y consolidar el territorio nacional.
¿Qué principio debería justificar hoy en día el derecho a la propiedad de tierras agrícolas en los entornos urbanos y rur-urbanos bajo un contexto de crisis climática? Sin duda alguna, aquel desgastado principio de la función social de la propiedad que justificó en México el reparto agrario debe ser sustituido por un principio de función socio-ambiental que conjugue los imperativos de revitalizar los valores de uso de la tierra, redistribuir la generación de plusvalor y garantizar la preservación ecológica. Obligarnos a dejar de justificar la propiedad en términos de trabajo invertido para la “productividad” y comenzar a enfatizar las éticas y actividades del cuidado.
Sin pretensiones de exhaustividad, señalamos un conjunto de necesidades radicales en el sentido referido por la socióloga Agnes Heller.1 Esto es, nuevos referentes que conlleven a superar el sistema capitalista; los cuales se podrían inscribir en los horizontes utópicos concretos de la justicia ambiental y el decrecimiento agrario:
Para ello es necesaria una toma de conciencia capaz de cuestionar y resolver las subjetividades que impone el sistema capitalista respecto a la búsqueda permanente de crecimiento económico, escalada social y altos estándares de consumo, y sobre todo, capaz de trascender los complejos de inferioridad identitaria que genera la intrínseca imposibilidad de alcanzar los referentes de vida impuestos por el modelo económico hegemónico.
En las últimas décadas se han venido suscitando acalorados debates alrededor del mundo sobre los mejores esquemas de ordenamiento para organizar territorialmente los centros de población, las áreas agrícolas y los diferentes espacios que albergan niveles importantes de biodiversidad. Grosso modo, dichos debates se han polarizado en dos grandes posicionamientos: aquellos que abogan por la separación o divergencia poblacional, agrícola y biológica, y quienes defienden un modelo de integración o convergencia.
El modelo de separación o divergencia plantea la necesidad de liberar áreas para la transición forestal y consecuente conservación de la biodiversidad a través del incremento de los espacios naturales protegidos, para lo cual se vuelve necesario que las poblaciones locales que habitan en los entornos –que aquí hemos definido como– rur-urbanos se vuelquen a las grandes ciudades, así como que se concentren áreas extensas de producción agrícola intensificada para satisfacer las necesidades alimenticias de las urbes en crecimiento. A contrapunto, el modelo de integración o convergencia parte de reconocer que muchas de las regiones ecológicas prioritarias tienen presencia humana y que incluso, en algunos casos, las poblaciones locales han moldeado e incrementado históricamente la biodiversidad a través de medios de vida agrícolas, forestales y silvopastoriles que satisfacen sus necesidades alimenticias, les permiten participar en mercados regionales y, sobre todo, que configuran matrices paisajísticas multifuncionales y complejas.
En la Unión Europea, debido a la pérdida histórica de gran parte de los bosques, los modelos divergentes de ordenamiento territorial han coadyuvado a la transición forestal. Sin embargo, es importante no obviar las dinámicas de colonización alimentaria de las que depende gran parte del continente. En Estados Unidos el modelo de separación se ha instaurado a partir de una gran red de parques nacionales y a expensas de la híper-urbanización y de esquemas agrícolas intensivos con una enorme demanda energética. Por su parte, la gran mayoría de los países latinoamericanos presentan condiciones estructuralmente diferentes, entre las que vale la pena destacar, por ejemplo, la gran dependencia de los recursos naturales por parte de las poblaciones locales para generar sus medios de vida, la importante vocación productiva de los espacios rur-urbanos, así como también las múltiples amenazas de despojo y desplazamiento que representan los proyectos extractivos, las grandes infraestructuras para la dotación de energía, la especulación inmobiliaria, entre otras.
En este sentido, ¿Qué tipo de ordenamientos habrían de articularse para organizar socioecológicamente los espacios urbanos y rur-urbanos en los contextos latinoamericanos y qué papel habrían de jugar los diferentes sujetos territoriales? Consideramos que la respuesta a la pregunta implica valerse tanto de rasgos de ordenamiento convergentes como divergentes, así como lograr balances entre la participación regulatoria del Estado y el desarrollo de capacidades autogestivas y la comunalización de la vida social. Por ejemplo, no cabe duda que deben establecerse políticas públicas para garantizar la conservación de las tierras agrícolas en las zonas periféricas de las ciudades que se están diluyendo por la urbanización dispersa. De igual manera, las áreas verdes y los espacios protegidos urbanos requieren de normativas divergentes que garanticen la propiedad pública, la regulación de uso, así como la restauración de sus funciones ambientales.
Sin embargo, al interior de las grandes ciudades y los espacios rur-urbanos se requieren también propuestas y ordenamientos que apelen por la integración territorial. Un planteamiento de corte convergente de particular interés para las urbes es la propuesta de la llamada ecología de la reconciliación acuñada por el ecólogo Michael Rosenzweig, misma que consiste en hacer posible la presencia de niveles relevantes de biodiversidad en los espacios urbanos, a través de fomentar la plantación de especies silvestres en los parques, en las zonas agrícolas o propiamente mediante el diseño ex profeso de áreas verdes y corredores urbanos de vegetación y vida silvestre. Por su parte, los contextos rur-urbanos representan espacios por excelencia para promover ordenamientos convergentes en los que se fomenten matrices paisajísticas poblaciones y agroforestales diversas, con altas vocaciones para la producción colectiva de alimentos, energías y vivienda capaces de satisfacer tanto las necesidades propias, como de contribuir a metabolismos energéticos y alimentarios más eficientes en las ciudades.
Gabriela Torres-Mazuera es profesora investigadora de CIESAS, sede Peninsular, desde el 2010. Su campo de estudio es el mundo rural e indígena del México contemporáneo. Los ejes de su investigación son: los desfases entre legislación oficial, normatividades vernáculas e indígenas, prácticas sociales y la acción individual; las resistencias legales y políticas de grupos indígenas y campesinos frente a procesos de privatización y mercantilización de los recursos (tierras, semillas, agua, bosques); y las dinámicas de gobernanza del mundo rural, agrario e indígena en contextos de cambio legal e institucional. gtorres-mazuera@ciesas.edu.mx
Tlacaelel Rivera-Núñez es investigador en la Red de Ambiente y Sustentabilidad del Instituto de Ecología, A. C. Sus intereses de investigación se centran en los estudios alimentarios y agrarios, así como en la ecología política e histórica. Sus geografías de trabajo son los contextos campesinos y pesqueros contemporáneos del sur-sureste y el noroeste de México. aaron.rivera@inecol.mx
Referencias:
1 Heller, A (2017) Everyday Life. London: Routledge
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